El gobernador Martín Llaryora encabezó la presentación del proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantadero, una iniciativa que será tratada por la Legislatura de Córdoba este miércoles y que busca dotar al Estado provincial de nuevas herramientas para intervenir inmuebles utilizados para la comercialización de drogas, actividades delictivas y situaciones de abandono que representen un riesgo para la seguridad pública.

La actividad se llevó a cabo en la sala Sonia Torres del Centro Cívico del Bicentenario y contó con la presencia de los ministros de Justicia y Trabajo, Julián López, y de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el legislador Facundo Torres, quienes acompañaron al mandatario en la presentación de una propuesta que fortalece la política provincial de prevención del delito y recuperación de espacios para la comunidad.

Durante el acto, Llaryora aseguró que la iniciativa constituye «una herramienta central» para profundizar la lucha contra el narcotráfico y sostuvo que «Córdoba es una de las provincias de Latinoamérica más hostiles con el narcotráfico».

En ese sentido, afirmó que la normativa incorpora una respuesta innovadora frente a las nuevas modalidades del delito y expresó su expectativa de que pueda ser aprobada «con el consenso más amplio posible».

Alcances de la iniciativa

En detalle, la iniciativa crea un régimen administrativo y judicial específico que permitirá actuar de manera temprana sobre inmuebles identificados como búnkeres de venta de drogas, aguantaderos o guaridas del delito, así como sobre edificios abandonados o deteriorados que favorezcan la comisión de hechos delictivos y afecten la convivencia ciudadana.

Entre las herramientas previstas se encuentran inspecciones, informes técnicos y resoluciones fundadas que habilitarán medidas preventivas como cerramientos, clausuras provisorias, tapiados, bloqueos de accesos, custodia o aseguramiento de los inmuebles, siempre respetando las competencias judiciales y el debido proceso.

En ese sentido, el mandatario explicó que el objetivo de la ley propuesta es impedir que los inmuebles utilizados para actividades ilícitas vuelvan a convertirse en focos del delito: «La tranquilidad en un barrio llega no solo cuando detenemos al delincuente, sino también cuando derrumbamos ese lugar para que desaparezca de una vez por todas el hecho material que permite delinquir».

Y agregó que la iniciativa busca «llevar tranquilidad a los vecinos y poner intranquilos y bajo las rejas a los delincuentes».

El ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, indicó que el proyecto de ley surgió a partir del trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad y con fiscales en distintas situaciones que involucraban tanto al fuero de lucha contra el narcotráfico como a los delitos comunes.

“Evaluamos la situación de inmuebles y vehículos que se utilizan para la comisión de determinados delitos, los cuales compartían características similares: propiedades en estado de abandono, desuso o deterioro que, al facilitar la comisión de ilícitos, terminaban constituyendo una infraestructura y logística a disposición de asociaciones criminales, algunas vinculadas al narcotráfico y otras a la reiterancia de delitos comunes”, detalló López.

A partir de estas realidades, el ministro agregó que “el gobernador pidió avanzar en un proyecto de ley que sea sólido y, fundamentalmente, expeditivo, a los fines de que las fuerzas de seguridad cuenten con una herramienta rápida y efectiva a la hora de intervenir sobre determinados inmuebles”.

Cuando las investigaciones estén vinculadas al narcotráfico u otros delitos complejos, será la Justicia quien podrá disponer desalojos, demoliciones o la restitución de los inmuebles a sus legítimos propietarios.

Trabajo articulado

Asimismo, el proyecto contempla la creación de la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y del Registro Provincial de Bienes Intervenidos, organismos que permitirán fortalecer la articulación entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), la Policía de Córdoba y los gobiernos locales.

A su turno, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, sostuvo que la iniciativa «antes de ser una herramienta legal, fue una decisión política», a la vez que destacó que este proyecto de ley fortalece la articulación al brindar herramientas para que la Legislatura, la Justicia y el Poder Ejecutivo actúen de manera coordinada frente al narcotráfico y el crimen organizado.

«Es absolutamente imposible que una política de seguridad funcione si los tres poderes del Estado no trabajan en la misma sintonía, con el mismo ritmo y con la misma política criminal», sostuvo.

Otro de los aspectos centrales de la propuesta establece un esquema para la administración de los recursos provenientes de bienes decomisados en causas vinculadas al narcotráfico.

El 60 por ciento será destinado al fortalecimiento operativo, logístico, tecnológico y de equipamiento de la FPA, mientras que el 40 por ciento restante financiará programas de prevención y abordaje integral de las adicciones impulsados por el Ministerio de Justicia y Trabajo.

La iniciativa también invita a municipios y comunas a adherir al nuevo régimen y a suscribir convenios de cooperación con la Provincia para facilitar la intervención y recuperación de inmuebles utilizados por organizaciones criminales, promoviendo una estrategia conjunta para fortalecer la seguridad y mejorar la convivencia en los distintos barrios de Córdoba.

Por último, Llaryora repasó las principales medidas impulsadas por la Provincia en materia de seguridad y destacó la creación de las fiscalías antinarcotráfico en el interior, la territorialización de la política criminal, la incorporación de tecnología, el programa Cordobeses en Alerta, el uso de armas de baja letalidad y los narcotest a funcionarios.

«Esto no es fruto de la casualidad, es fruto del trabajo», afirmó, y sostuvo que el proyecto de ley «es un instrumento central para seguir mejorando la seguridad de los cordobeses».