La Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Provincia de Córdoba aplicó multas por un total de $386.204.804,30 a distintas entidades financieras por incumplimientos detectados en casos de estafas virtuales y ciberdelitos que afectaron a consumidores cordobeses.

Las sanciones fueron impuestas en el marco de la Ley Nacional N.º 24.240 de Defensa del Consumidor, luego de comprobarse que las entidades no brindaron información adecuada a los usuarios ni garantizaron los estándares de seguridad exigidos para operaciones realizadas por medios electrónicos.

Además, se constató el incumplimiento de la normativa vigente del Banco Central de la República Argentina, que obliga a las entidades financieras a contar con herramientas eficaces para detectar operaciones sospechosas, realizar análisis integrales de riesgo e implementar medidas preventivas acordes al nivel de exposición.

La investigación también determinó que varias entidades ofrecieron un trato inadecuado a los consumidores al no responder en tiempo y forma los reclamos presentados por las personas damnificadas.

Entre las entidades sancionadas se encuentran el Banco Galicia, Banco Macro, Banco Santander, Banco Supervielle, Tarjeta Naranja y Prisma Medios de Pago (Visa), entre otras.

En paralelo, la Dirección de Defensa del Consumidor inició una acción de oficio que alcanza a todos los bancos y billeteras virtuales que operan en la provincia.

Las entidades deberán presentar sus planes de mitigación de riesgos, metodologías de detección de fraude y las medidas adicionales de seguridad implementadas para prevenir estafas digitales.

Desde el organismo provincial recordaron además una serie de recomendaciones para los usuarios: no compartir claves ni códigos de verificación, evitar atender llamadas o videollamadas de desconocidos, no ingresar a enlaces sospechosos y nunca permitir que terceros guíen la configuración del teléfono o de aplicaciones bancarias y de mensajería.

Ante consultas o sospechas de fraude, los consumidores pueden realizar sus reclamos ante la Dirección General de Defensa del Consumidor de manera presencial o a través de los canales digitales habilitados por el organismo.